Mientras la llamada “Ley de Licores” espera su tercer debate en el Senado, en el sector de la hospitalidad ya se baraja lo que pasará en el futuro si pasa a sanción presidencial.

¿Cómo afectará la “Ley de Licores” a los restaurantes? El consenso general indica que, de entrada, el precio de venta final de los vinos y los destilados se incrementará en aproximadamente 25%, lo que no solo implicará la desaceleración de las importaciones, sino también del consumo.

Tras un sondeo realizado entre algunos actores del sector se evidenció que el único beneficio que entregaría la Ley sería la apertura de las fronteras comerciales departamentales, las cuales estaban cerradas para aquellas bebidas de más de 15° de alcohol. Aparte de esto, solo tendría contras.

Para Gustavo Martin, socio de la importadora Delyvino, “se atenta contra la diversidad, la calidad de producto y la iniciativa de empresarios colombianos y extranjeros, tanto productores como importadores, que apuestan al segmento de la gastronomía y el vino”. Por su parte, Nayrim Benitez, brand manager – sommelier de Coloma, dice que “muchas de las líneas más caras que hoy se encuentran en hoteles y restaurantes podrían llegar a desaparecer, y muchos de los productos más económicos que no estaban presentes en restaurantes de categoría

superior podrían empezar a aparecer”. De esta manera, el restaurante no tendrá más opción que buscar vinos más fáciles de vender, afectando no solo la variedad en la oferta, sino además la calidad del producto, al que se puede acceder en términos de su procedencia y la viticultura que hay detrás de la botella.

“Los restaurantes ya no van a necesitar un sommelier, para qué si no tiene una buena carta de vinos que lo amerite. Se van a perder puestos de trabajo, valor agregado por el vino, y categoría en el restaurante”, comenta John Jairo Hernández, presidente de la Asociación Sommelier de Colombia, ASSDEC.

LA CONTRAPROPUESTA

Al no haber distinción entre fermentados y destilados a la hora de establecer la carga impositiva, el vino es la bebida con mayor afectación, pues a diferencia de la cerveza que también es fermentada, no está exenta del mismo tributo de los licores con graduaciones por encima de 35°.

“Hemos hecho una labor enorme por consolidarnos como un destino gastronómico, en el caso de Bogotá, pero con esta carga impositiva solo se podrá tener acceso a vinos de baja gama porque el resto son impagables y nadie los va a importar”, asegura Cristina Rueda, socia de J. E. Rueda y Cia.

Ella, junto a un grupo de importadores, ha venido liderando la propuesta de un Impuesto Consolidado Único, el cual permita no solo el Incremento sustancial de los recaudos, sino mantener el mismo sistema de control y recaudo que eficientemente se viene implementando desde la puesta en marcha de la Ley 788 de 2002, y atender simultáneamente a la solicitud de la Comunidad Económica Europea y otros Tratados de Libre Comercio.

Entre los impactos positivos registrados en los últimos 14 años, gracias a la Ley antes mencionada están

1 La reconversión del contrabando ilegal de licores al mercado formal. Estudios actuales demuestran que para 2015 solo el 25% del mercado de licores sigue siendo ilegal, mientras en 2002 era del 70%.

2 El desarrollo del vino gracias al crecimiento simultáneo del sector Horeca y el retail. Cabe destacar que la categoría no ha sufrido del fenómeno del contrabando y la adulteración, como sucede con los licores.

3. Haber subsumido diversos impuestos (Educación – Salud e IVA) en un solo Impuesto al Consumo ICO, incrementó más de 10 veces los recaudos, los cuales son administrados a través de un Fondo Cuenta Fiduciario.

4. Crecimiento de las importaciones en vinos y licores, pasando de 655.000 cajas en 2002 a 1’854.000 cajas en 2015.

5. Aumento en el recaudo del ICO creciendo de $23.000 millones en 2002 a $277.000 millones en 2015 (cifras de la Federación Nacional de Departamentos).

La contrapropuesta busca que al vino no se le trate tal cual como a un licor, sino que el impuesto lo afecte en una proporción más justa. Dice Rueda: “No estamos diciendo: ‘no queremos tributar’. Queremos tributar lo justo, lo que el mercado puede soportar y lo que de alguna manera logre este acercamiento entre la industria nacional y los importados”.

Tres aspectos de la Ley

En el régimen actual, el impuesto depende solo del contenido de alcohol de la bebida. Los licores con menos de 35° de alcohol pagan $306 y los de más de 35° pagan $502, unificando el impuesto para el vino en $3.500.

La nueva tarifa tendría tres componentes:

Un componente específico de $220 por grado de alcohol que continúa gravando el efecto nocivo del consumo de alcohol sobre la salud.

El componente ad-valorem de 25% sobre el precio final de venta, que busca que los productos más caros (en general los importados) paguen más impuestos.

El IVA de 5% que permite a los productores nacionales descontar el IVA que pagaron en sus insumos, aumentando la carga fiscal de los productos importados.