Platos Rotos

Antonio Petroni sabe diferenciar al dedillo una pieza de vajilla Villeroy & Boch de otra de Kahla, Bauscher o Messi. Esto porque, como gerente general de Eurolink, lleva 10 años importando vajillas desde Europa a Colombia. Sin embargo, el empresario teme que sus años de importador lleguen a su fin en menos de seis meses. Todo por culpa de un reglamento técnico expedido por los ministerios de Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, que después de varios tiras y aflojas entre el gobierno por un lado y los importadores, fabricantes y comercializadores por el otro, comenzó a aplicarse en enero de este año. La norma en cuestión prohíbe la producción o importación de vajillas y utensilios de cerámica y vidrio que no cumplan con especificaciones mínimas de seguridad en cuanto a los químicos utilizados en su pintura, como plomo y cadmio.

El problema no radica en que las vajillas que importa Petroni incumplan el reglamento o que este importador esté en contra de proteger la salud de los consumidores. Por el contrario, este italiano de finas maneras conoce a la perfección la normativa internacional y dice que está al día con todos los certificados que exige la ley. “Desde hace más de una década las piezas producidas en Alemania no contienen rastros de cadmio o plomo”. Lo que lo inquieta es la forma como debe dar cumplimiento a esa normativa.

“El problema no es que no cumplamos con lo que el gobierno exige, sino que no lo podemos demostrar como ellos lo piden”, dice el importador, armado de una carpeta de cartulina en la que ya no le cabe un papel más. Admite que los proveedores tienen certificados que demuestran que cumplen con las normas, pero eso no es suficiente para el gobierno colombiano. “Nos obligan a ir a un laboratorio que no existe en el país; y si existiera, sería absurdo que por cada pieza que importemos debamos destruir seis piezas para demostrar que cumplimos con el reglamento técnico. Petroni advierte que a una escala como la de su empresa, importar se vuelve cuatro veces más costoso y resulta más fácil traer una vajilla china o tailandesa a gran escala. Señala que, en el corto plazo, el reglamento facilitará la importación de productos de calidad muy baja y obstaculizará la importación de vajilla de alta calidad. De paso favorecerá el surgimiento de monopolios.

¿Posición dominante?
Aunque el Reglamento Técnico de Vajillas se expidió, según lo señaló el gobierno en su momento, por la necesidad de proteger a los consumidores de los altos niveles de plomo y cadmio que se utilizan en la pintura de estos productos, muchos importadores vieron en la nueva norma una doble intención.

“Vemos una gran gestión de lobby por parte de la mayor empresa productora de vajillas del país, Locería Colombiana, que desde hace varios años ha insistido en la promulgación de este reglamento técnico, con la intención final de cerrar las importaciones de vajillas al país”, admite Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. Agrega que debido a este nuevo reglamento, los comerciantes no han podido importar y los precios de las vajillas para el consumidor final se han disparado casi al doble, en comparación con los del año pasado.

Locería Colombiana es el mayor fabricante local con una participación de mercado del 75% por medio de su marca Corona. La empresa, que a septiembre de 2007 reportó ventas de US$ 19 millones, es la única que cuenta con un laboratorio acreditado en México. Su presidente, Luis Fernando Mejía, advirtió en un comunicado dirigido a Fenalco, que “no puede concluirse bajo ninguna óptica que esta reglamentación busque proteger, beneficiar o perjudicar a unos productores frente a otros, ya que todos tenemos que cumplirla”. Agregó en la misiva que los aumentos de precios se han dado según el IPC. Pero Fenalco insiste en que los precios se han disparado hasta en un 100% y que mientras las importaciones sigan frenadas, el panorama no va a cambiar. “Quien quiera ingresar una vajilla hoy, sólo puede hacerlo trayendo consigo un certificado expedido por un organismo acreditado en un país que tenga Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Colombia”, indica Botero. Y esos países son muy pocos y casi ninguno es exportador de vajillas. Por eso el directivo gremial advierte que en la práctica las importaciones se encuentran frenadas, pues no hay forma de cumplir con los requisitos exigidos para su ingreso.

Entre tanto, los comercializadores de este producto están esperando que el Ministerio de Comercio modifique la norma o les dé un plazo para cumplir con todos los requisitos que se exigen. “Este año tuve que cancelar todos los pedidos de vajillas, que es un renglón muy importante de ingresos. Incluso hace poco anulé el desembarco de un cargamento que venía desde Panamá, pues las importaciones de vajillas procedentes de ese país están cerradas”, lamenta Carmen Solano, jefa de compras de la línea hogar de la cadena Home Sentry en Colombia.

La ejecutiva admite que cumplir el nuevo reglamento en materia de vajillas es una tarea de titanes. “Ni siquiera hay claridad sobre la aplicación de la norma, y el gobierno pretende que sea Locería Colombiana la quien evalúe los productos de la competencia. Es irónico; no hay imparcialidad”, dice. Por ahora, Home Sentry está efectuando los trámites de importación de vajillas bajo simulaciones y se encuentra a la espera de una solución por parte del gobierno.

Otro comprador fuerte de vajillas es Carrefour, que admite que hoy sólo comercializa en sus hipermercados las vajillas Corona de Locería Colombiana. “Por problemas de dumping y aranceles sólo estamos trabajando con Locería”, indica Harrison Herrera, representante de compras de la unidad Bazar Hogar de la cadena francesa. Por lo pronto, y según registros de la DIAN , las importaciones de vajillas decrecieron 27% en enero de este año, llegando a US$ 7,8 millones, en comparación con enero de 2007, cuando fueron de US $10,7 millones.

¿Cuál es la salida? Tanto comerciantes como importadores se han reunido con representantes del Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar que esta resolución se cumpla. El gobierno se comprometió a expedir un nuevo reglamento técnico que permita la “certificación de primera parte”, es decir, que el productor pueda certificar directamente que realizó todas las pruebas necesarias para garantizar que el producto no contiene niveles peligrosos para la salud de plomo y cadmio. “Tenemos conocimiento de que la modificación ya está en elaboración”, dice Botero, el representante de los comerciantes.

Sin embargo, para entrar en vigor, la modificación deberá ser aprobada por la Organización Mundial del Comercio, y mientras eso no ocurra persistirá un vacío en la normativa que tiene al borde del colapso a los empresarios de esta industria. “Ojalá el remedio no resulte peor que la enfermedad”, dice Petroni, quien espera que la modificación acoja las inquietudes de los importadores, porque de lo contrario ellos y los consumidores tendrán que pagar los platos rotos.

Lucía Valdés para América Economía